El Gobierno nacional impuso una multa superior a $21.000 millones al sindicato La Fraternidad, luego de considerar que incumplió la conciliación obligatoria vigente durante el conflicto salarial y el último paro general de la CGT. La decisión fue formalizada por el Ministerio de Capital Humano.

Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello, el gremio desobedeció la disposición que obligaba a suspender las medidas de fuerza y garantizar la continuidad del servicio ferroviario. En ese marco, la infracción fue calificada como “muy grave” tras una investigación administrativa.

La conciliación obligatoria había sido dictada el 5 de febrero por un plazo de 15 días, en línea con la normativa vigente que impide acciones directas durante ese período. Desde el Gobierno señalaron que la adhesión al paro implicó una afectación del servicio público y del normal funcionamiento del transporte.

Desde el sindicato, su titular Omar Maturano cuestionó la sanción y adelantó que será analizada en el ámbito judicial. Además, advirtió sobre la posibilidad de nuevas medidas de fuerza, en un contexto de creciente tensión con el Ejecutivo.

El caso se suma a otros conflictos entre el Gobierno y organizaciones gremiales, y podría escalar con eventuales sanciones a otros sindicatos que participaron de la misma protesta.

El jefe de Estado participó del cierre de la Expo EFI 2026, realizada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde retomó los principales ejes de su política económica. En su exposición, destacó los resultados de su gestión y sostuvo que el rumbo adoptado cuenta con reconocimiento internacional.

Durante su discurso, Milei defendió el ajuste fiscal implementado por su gobierno y afirmó que se trata de un proceso orientado a ordenar las cuentas públicas. En ese marco, rechazó las críticas sobre su impacto y planteó que las medidas apuntan a mejorar la eficiencia del Estado.

El mandatario también puso el foco en la agenda de desregulación económica, al señalar que se eliminaron miles de normativas para facilitar el funcionamiento del mercado. Según indicó, estas reformas buscan impulsar el crecimiento y generar condiciones para la inversión.

En un tramo más enfático, Milei cuestionó a sectores de la oposición y al periodismo, en el marco de un clima de confrontación política. Allí defendió su derecho a responder públicamente a las críticas recibidas.

Además, el Presidente planteó que el proceso económico en curso generará resultados diferentes entre sectores, y sostuvo que el desempeño dependerá de la capacidad de adaptación del sector privado en un contexto de mayor apertura y competencia.

El Gobierno nacional solicitó a las universidades públicas que informen cómo garantizarán la continuidad académica frente a las medidas de fuerza. A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se pidió la elaboración de un plan que contemple clases, evaluaciones y recuperación de contenidos.

El requerimiento incluye tres ejes centrales: asegurar el acceso a las instituciones para docentes que no adhieran a los paros, implementar modalidades alternativas de cursada —como instancias virtuales o reprogramaciones— y garantizar que los estudiantes no pierdan la regularidad ni sus turnos de examen.

Desde el Gobierno expresaron preocupación por la suspensión prolongada de actividades en algunas universidades y señalaron que el derecho a la educación debe sostenerse incluso en contextos de conflicto. En ese sentido, indicaron que el ejercicio del derecho a huelga no puede afectar el acceso al sistema educativo.

Además, el planteo incorpora el debate sobre el financiamiento, al advertir que el sostenimiento de recursos nacionales está vinculado al funcionamiento efectivo del servicio educativo. En caso de incumplimiento, se podrían revisar partidas presupuestarias y dar intervención a organismos de control.

La medida profundiza la tensión entre el Gobierno y el sistema universitario, en un contexto de reclamos gremiales y discusiones sobre el rol del Estado en la educación superior pública.