La Cámara de Diputados aprobó el proyecto conocido como “Ley Hojarasca”, una iniciativa promovida por el Gobierno nacional dentro del plan de desregulación impulsado por la gestión de Javier Milei. La propuesta apunta a derogar leyes consideradas obsoletas o sin aplicación práctica vigente.

La votación dejó además un fuerte cruce político luego de que el bloque kirchnerista rechazara el proyecto en general, lo que incluyó el voto en contra de la derogación de distintas normas sancionadas durante gobiernos militares.

Entre las leyes alcanzadas aparecen normas dictadas durante las presidencias de facto de Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla. Según el oficialismo, muchas de ellas quedaron desactualizadas por cambios tecnológicos, nuevas legislaciones o pérdida de vigencia práctica.

Uno de los casos mencionados fue la Ley 17.557, sancionada en 1967 durante el gobierno de Onganía, vinculada al uso de equipos de rayos X y posteriormente reemplazada por legislación más reciente. También aparece la Ley 21.778, firmada bajo la dictadura de Videla, relacionada con contratos para explotación de hidrocarburos.

El proyecto incluye además la derogación de normas como la Ley 22.109, de 1979, sobre aislamiento de personas con viruela; la Ley 18.569, vinculada a sistemas de microfilmación militar; y otras disposiciones consideradas “arcaicas” por el Gobierno nacional.

Dentro del paquete también figuran leyes que, según el oficialismo, afectan libertades individuales o responden a marcos regulatorios ya superados. Entre ellas aparece la Ley 18.312, relacionada con el desarrollo de Papel Prensa, y la Ley 21.895, que autorizaba las emisiones de televisión en color.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa busca simplificar el entramado normativo y eliminar regulaciones sin utilidad vigente. El proyecto obtuvo media sanción y ahora deberá continuar su tratamiento en el Senado.

La votación dejó además un fuerte cruce político luego de que el bloque kirchnerista rechazara el proyecto en general, lo que incluyó el voto en contra de la derogación de distintas normas sancionadas durante gobiernos militares.

Entre las leyes alcanzadas aparecen normas dictadas durante las presidencias de facto de Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla. Según el oficialismo, muchas de ellas quedaron desactualizadas por cambios tecnológicos, nuevas legislaciones o pérdida de vigencia práctica.

Uno de los casos mencionados fue la Ley 17.557, sancionada en 1967 durante el gobierno de Onganía, vinculada al uso de equipos de rayos X y posteriormente reemplazada por legislación más reciente. También aparece la Ley 21.778, firmada bajo la dictadura de Videla, relacionada con contratos para explotación de hidrocarburos.

El proyecto incluye además la derogación de normas como la Ley 22.109, de 1979, sobre aislamiento de personas con viruela; la Ley 18.569, vinculada a sistemas de microfilmación militar; y otras disposiciones consideradas “arcaicas” por el Gobierno nacional.

Dentro del paquete también figuran leyes que, según el oficialismo, afectan libertades individuales o responden a marcos regulatorios ya superados. Entre ellas aparece la Ley 18.312, relacionada con el desarrollo de Papel Prensa, y la Ley 21.895, que autorizaba las emisiones de televisión en color.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa busca simplificar el entramado normativo y eliminar regulaciones sin utilidad vigente. El proyecto obtuvo media sanción y ahora deberá continuar su tratamiento en el Senado.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, aseguró que el presidente Javier Milei será reelegido en las elecciones presidenciales de 2027 y afirmó que el oficialismo llegará fortalecido por la recuperación económica y la desaceleración de la inflación.

Durante una entrevista en el programa Economía de Quincho, conducido por Damián Di Pace en Cadena 3, Caputo sostuvo que el crecimiento económico comenzará a sentirse con más fuerza entre mayo y junio y proyectó un escenario favorable para el Gobierno nacional.

“Va a ser tan obvio que Milei va a ganar por paliza, que la gente se va a dar cuenta antes. El presidente ganará en primera vuelta y cómodo en 2027”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

El ministro aseguró que ya aparecen señales positivas en distintos indicadores económicos, especialmente en sectores como la construcción y la industria. Además, destacó que la baja de la inflación y el crecimiento del crédito privado forman parte del proceso de estabilización impulsado desde diciembre de 2023.

Caputo también remarcó que el Gobierno apunta a avanzar en una reducción de impuestos, aunque aclaró que eso dependerá del crecimiento económico y de una mayor formalización de la actividad. Según explicó, si la economía logra expandirse entre 6% y 8% anual, podrían eliminarse tributos como el impuesto al cheque y las retenciones.

En otro tramo de la entrevista, el ministro diferenció la gestión de Milei del gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que la actual administración alcanzó el déficit cero desde el inicio de la gestión. También destacó la expansión del crédito privado, que pasó del 3,8% al 11% del PBI, aunque reconoció que las PyMEs todavía enfrentan dificultades por las tasas e impuestos locales.

Sobre el cierre, Caputo afirmó que cada vez más sectores identifican al “populismo económico” como un modelo agotado y sostuvo que “el camino de la libertad es el correcto”.

El Gobierno nacional avanzó en un nuevo esquema de coordinación entre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Cancillería con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo dentro y fuera del país.

La iniciativa fue acordada tras una reunión entre el secretario de Inteligencia del Estado, Cristian Auguadra, y el canciller Pablo Quirno, quienes definieron profundizar el trabajo conjunto en áreas vinculadas a prevención, alertas tempranas, asistencia consular y gestión de crisis internacionales.

Desde el oficialismo señalaron que la articulación entre ambos organismos buscará mejorar la protección de ciudadanos argentinos en el exterior mediante mecanismos de monitoreo, análisis de riesgos y coordinación estratégica frente a escenarios complejos.

El subsecretario de Inteligencia del Estado, José Lago Rodríguez, sostuvo que “la inteligencia y la diplomacia, trabajando de manera coordinada, fortalecen la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y defender los intereses nacionales”. Además, aseguró que la denominada “diplomacia de inteligencia” permite ampliar canales de comunicación y reforzar tareas de la diplomacia tradicional.

Entre los principales ejes del acuerdo aparece la mejora en la capacidad de respuesta ante emergencias internacionales, la generación de alertas preventivas para argentinos que viajan o residen en el exterior y el fortalecimiento de la asistencia consular en zonas de conflicto.

El esquema también contempla acciones vinculadas a la prevención del terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y amenazas cibernéticas. Desde el Gobierno sostienen que la coordinación entre inteligencia y política exterior permitirá construir una estructura estatal más preparada frente a crisis globales y riesgos internacionales.