El diputado nacional Máximo Kirchner afrontará desde el 23 de octubre su primer juicio oral, cuando comience el debate por la causa Los Sauces. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°5 y tendrá también entre los acusados a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y otros imputados.

La causa investiga presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita vinculadas con Los Sauces S.A., la sociedad inmobiliaria constituida en 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. La acusación será analizada durante el juicio y no implica una condena contra los imputados.

La hipótesis de la acusación se concentra en los alquileres de propiedades de la familia Kirchner a empresas vinculadas con Lázaro Báez y el Grupo Indalo. Los investigadores sostienen que entre 2009 y 2016 esas compañías realizaron pagos por más de $25,9 millones y buscarán determinar durante el debate si esas operaciones fueron utilizadas para canalizar fondos provenientes de presuntos delitos precedentes.

El juicio se realizará de manera presencial en los tribunales federales de Comodoro Py. El tribunal habilitó un cronograma intensivo de audiencias e incluso contempló jornadas durante los sábados 24 y 31 de octubre y parte de la feria judicial de enero para avanzar con la producción de prueba.

La Justicia resolvió además separar Los Sauces de la causa Hotesur, pese a que ambos expedientes habían llegado unificados a la instancia de juicio oral. El TOF N°5 consideró que investigan hechos y circuitos de fondos diferentes y que mantener un único debate podía extender el proceso durante más de dos años.

El segundo juicio comenzará el 19 de marzo de 2027. En Hotesur se investigarán presuntas maniobras relacionadas con pagos efectuados por empresas vinculadas a Báez mediante contrataciones en establecimientos hoteleros de la familia Kirchner. Máximo Kirchner también figura entre los acusados de ese expediente.

De esta manera, Los Sauces abrirá el calendario de los dos nuevos debates judiciales que involucran a Máximo y Cristina Kirchner. A partir del 23 de octubre, el tribunal deberá evaluar la prueba y los argumentos de las acusaciones y las defensas para determinar las responsabilidades penales de cada uno de los imputados.

El Gobierno nacional informó avances en la intervención de más de 360 kilómetros de rutas nacionales vinculadas al corredor del Mercosur, bajo el nuevo esquema de concesiones que traslada al sector privado el financiamiento, mantenimiento y operación de los trazados.

Los trabajos corresponden a la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, mediante la cual distintos corredores que estaban bajo administración estatal pasan progresivamente a operadores privados. Vialidad Nacional mantiene las tareas de fiscalización y control sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos.

Uno de los principales avances se registró en el denominado Tramo Oriental, adjudicado a Autovía del Mercosur S.A.U. La concesionaria completó las intervenciones iniciales previstas sobre la Ruta Nacional 14, entre los kilómetros 58,84 y 206,28, y sobre la Ruta Nacional 135, desde el kilómetro 0 hasta el 12,94.

Estos trabajos se suman a más de 200 kilómetros intervenidos previamente sobre las rutas nacionales 12 y 14, dos corredores estratégicos para el transporte de cargas, la producción y la conexión regional con los países del Mercosur.

Cómo funciona el nuevo esquema de concesiones

El modelo implementado por el Ejecutivo establece que las obras y el mantenimiento sean financiados por los concesionarios sin subsidios destinados a cubrir la operación de los corredores. Las empresas compiten, entre otros aspectos, por la tarifa de peaje ofrecida y quedan sujetas al cumplimiento de estándares establecidos contractualmente.

Una vez constatado el avance de las intervenciones correspondientes al tramo, Vialidad Nacional autorizó la aplicación de la denominada Tarifa de Oferta actualizada en la estación de peaje Colonia Elía.

El esquema establece además distintos niveles de servicio y condiciones que deben cumplir las concesionarias durante la vigencia de los contratos. El organismo vial nacional queda encargado de supervisar esas obligaciones y controlar el estado de las trazas.

Avanza el traspaso de los corredores estatales

La reorganización se desarrolla en paralelo con el proceso de salida de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que actualmente administra unos 6.000 kilómetros de rutas y 42 estaciones de peaje distribuidas en diez tramos.

A través de la Resolución 1540/2026, el Ministerio de Economía aprobó el Plan de Acción y Presupuesto para este año bajo un esquema de gestión transicional, mientras continúa el traspaso de corredores al sector privado y el proceso de disolución de la compañía.

Para 2026, Corredores Viales proyectó gastos operativos por $302.711 millones e ingresos por $131.703 millones, lo que arroja una diferencia operativa de alrededor de $171.000 millones. El presupuesto contempla además transferencias de la Administración Nacional por $110.000 millones.

En ese contexto, la inversión pública directa prevista para la compañía quedó limitada a $400 millones, destinados principalmente a maquinaria, equipamiento y activos intangibles, mientras no se contemplaron partidas para nuevas construcciones.

El Gobierno busca completar progresivamente el traspaso de los corredores actualmente administrados por la empresa estatal. La intervención de los más de 360 kilómetros del corredor del Mercosur constituye uno de los primeros avances de ese esquema de concesiones financiadas por operadores privados.

La Matanza atravesó una semana marcada por una sucesión de hechos violentos que dejó ocho personas muertas en siete días. Los casos investigados incluyen intentos de robo, enfrentamientos con efectivos policiales, ataques armados y conflictos entre bandas, con intervenciones de distintas fiscalías del distrito.

Uno de los últimos episodios ocurrió el domingo 13 de septiembre en Ciudad Evita, sobre Camino de Cintura, a la altura del puente Mendeville. Una oficial de la Policía de la Ciudad de 33 años fue abordada mientras circulaba en moto por dos hombres que intentaron sustraerle el vehículo. La agente utilizó su arma reglamentaria y uno de los sospechosos, identificado como Franco Alegre, de 23 años, murió durante el enfrentamiento. El caso quedó a cargo del fiscal Diego Rulli.

Durante el sábado se registraron otras dos muertes. En Ciudad Evita, un hombre murió luego de un enfrentamiento armado con personal policial, mientras que otro sospechoso sobrevivió. En Virrey del Pino, en tanto, Ángel Bueno, de 26 años, fue encontrado con un disparo en la cabeza tras una pelea ocurrida en la zona de las calles 7 y Amado Nervo.

La secuencia también incluyó el asesinato de Juan Manuel Oviedo, de 36 años, ocurrido el viernes en Villa Dorrego. Dos hombres armados atacaron un lavadero ubicado en Zaraza y Donizetti y la víctima recibió un disparo en la cabeza. Según el testimonio incorporado a la investigación, el episodio estaría relacionado con un conflicto previo por el robo de una bicicleta.

Otro de los hechos investigados comenzó con un intento de robo contra un sargento de la Policía Federal. El efectivo respondió al ataque e hirió a uno de los presuntos asaltantes, identificado como Thiago Sebastián Pereyra, de 18 años, quien posteriormente murió en la UPA N°18. A estos casos se suman otros episodios ocurridos durante la semana y una investigación en González Catán por un enfrentamiento entre bandas.

La sucesión de homicidios volvió a poner la seguridad en La Matanza en el centro de la discusión. Las investigaciones se distribuyen entre las fiscalías especializadas del distrito, mientras se intenta determinar las circunstancias y responsabilidades correspondientes a cada uno de los hechos.