Política
El Senado convirtió en ley Inocencia Fiscal II: qué cambia para los contribuyentes
La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra. La reforma amplía el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias, modifica parámetros de fiscalización de ARCA y fija hasta fines de 2027 algunos de sus beneficios.
La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra. La reforma amplía el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias, modifica parámetros de fiscalización de ARCA y fija hasta fines de 2027 algunos de sus beneficios.
El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei que introduce cambios en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y en los criterios utilizados por ARCA para fiscalizar a los contribuyentes. La votación terminó con 44 votos afirmativos y 23 negativos, sin abstenciones.
La iniciativa recibió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y diferentes bloques provinciales, mientras que el principal rechazo provino del peronismo. Durante el debate, los sectores opositores cuestionaron el alcance de los controles y plantearon reparos sobre el impacto fiscal de la reforma y la posibilidad de que funcione como un mecanismo de exteriorización de fondos.
Uno de los principales cambios consiste en ampliar el universo de personas que pueden acceder al Régimen Simplificado de Ganancias. La legislación anterior excluía a quienes hubieran registrado ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones en alguno de los últimos tres años. La nueva norma elimina esos límites para facilitar el ingreso de más contribuyentes al sistema.
La ley también modifica el concepto de “discrepancia significativa” utilizado en las fiscalizaciones. Entre otros cambios, establece nuevos parámetros para determinar cuándo las diferencias entre las declaraciones del contribuyente y la información disponible para ARCA pueden derivar en controles adicionales.
Otro punto central es el denominado “tapón fiscal”, que limita bajo determinadas condiciones la posibilidad de revisar períodos anteriores de quienes ingresen al régimen. La reforma establece el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para acceder a los beneficios vinculados con la presunción de exactitud y ese mecanismo.
El Gobierno sostiene que la reforma busca dar mayor previsibilidad a los contribuyentes e incentivar el ingreso al circuito formal de ahorros actualmente fuera del sistema financiero. Según estimaciones oficiales difundidas durante el tratamiento legislativo, el Ejecutivo calcula que existen alrededor de USD 170.000 millones fuera del sistema.
La oposición, en cambio, planteó objeciones durante el debate. José Mayans vinculó la iniciativa con el programa económico del Ejecutivo, mientras que Jorge Capitanich cuestionó la ausencia de funcionarios de Economía y ARCA durante el tratamiento en comisión. También se propusieron restricciones adicionales para personas políticamente expuestas y sus familiares, pero esas modificaciones no fueron incorporadas al texto finalmente sancionado.
Con la votación del Senado, Inocencia Fiscal II completó su trámite parlamentario y quedó convertida en ley, apenas ocho meses después de la aprobación de la primera versión del régimen.