Malvinas: Quirno explicó el arbitraje que impulsa Argentina por la explotación británica de hidrocarburos

El canciller Pablo Quirno explicó los alcances del procedimiento que el Gobierno de Javier Milei inició contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y sostuvo que se trata de la primera vez que Argentina lleva a una instancia arbitral internacional acciones británicas vinculadas con los recursos naturales de la zona en disputa.

Durante una entrevista con Eduardo Feinmann, Quirno señaló que Argentina intimó formalmente al Reino Unido como paso previo a un procedimiento arbitral en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). “Es la primera vez en la historia que se somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que realiza el Reino Unido con la explotación ilegal”, afirmó.

La presentación se concentra en las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la Cuenca Malvinas Norte y, particularmente, en el proyecto Sea Lion. El Gobierno argentino cuestiona la explotación de esos recursos al considerar que se encuentran en áreas correspondientes a la Plataforma Continental Argentina.

“Son recursos no renovables y que son nuestros, no puede haber decisiones unilaterales”, sostuvo el canciller. La posición argentina es que ninguna de las partes debería avanzar unilateralmente sobre los recursos naturales de las áreas alcanzadas por la disputa.

Según explicó Quirno, el procedimiento contempla inicialmente un plazo de 15 días para que el Reino Unido responda a la intimación argentina. Si no se alcanza una solución, el Gobierno prevé acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral.

El canciller aseguró que la decisión que eventualmente adopte el tribunal arbitral tendrá carácter obligatorio para las partes. La estrategia busca incorporar una herramienta jurídica internacional al reclamo argentino frente a las actividades británicas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos.

Quirno también recordó que el Ejecutivo reglamentó la Ley 26.659 para ampliar las herramientas de sanción contra empresas y proveedores que operen con licencias otorgadas por las autoridades británicas en las islas. Durante septiembre, el Gobierno también inició acciones judiciales contra compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona.

El funcionario aclaró, sin embargo, que el procedimiento no somete a arbitraje la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas, sino específicamente las acciones unilaterales relacionadas con la explotación de recursos naturales. “El objetivo nuestro es que ninguna parte realice medidas unilaterales”, sintetizó.

De esta manera, el Gobierno busca combinar acciones jurídicas, sanciones y gestiones diplomáticas para cuestionar la explotación británica de recursos en el área de Malvinas, mientras mantiene fuera del procedimiento arbitral el reclamo argentino de soberanía sobre las islas.