Política
El Gobierno adjudicó el 90% de AySA por USD 340 millones y prevé inversiones de hasta USD 15.000 millones
Un consorcio encabezado por Rowing y Transclor presentó la oferta más alta para quedarse con el control de la empresa de agua y saneamiento. El contrato contempla una concesión de 30 años, inversiones mínimas de USD 2.000 millones en el primer quinquenio y metas de ampliación de la cobertura en el AMBA.
Un consorcio encabezado por Rowing y Transclor presentó la oferta más alta para quedarse con el control de la empresa de agua y saneamiento. El contrato contempla una concesión de 30 años, inversiones mínimas de USD 2.000 millones en el primer quinquenio y metas de ampliación de la cobertura en el AMBA.
El Gobierno de Javier Milei adjudicó el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por USD 340,2 millones a un consorcio encabezado por Rowing S.A. y Transclor. La propuesta superó los USD 285 millones ofrecidos por el Grupo Roggio y establece una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por una década. El grupo adjudicatario también incluye a los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, una firma brasileña y un fondo de inversión neerlandés.
El acuerdo establece una inversión mínima de USD 2.000 millones durante los primeros cinco años, mientras que las obligaciones de infraestructura para el período completo oscilan entre USD 13.000 millones y USD 15.000 millones. Los recursos estarán destinados a ampliar y modernizar redes de agua potable, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y cañerías. Las nuevas instalaciones permanecerán como propiedad del Estado al finalizar la concesión.
La empresa presta actualmente servicios a unos 14 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. Según el cronograma previsto, el nuevo operador asumirá la gestión entre enero y febrero de 2027. Entre las metas establecidas, la cobertura de agua potable deberá alcanzar el 75,3% en 2031 y el 90% al finalizar el contrato, mientras que el servicio de saneamiento deberá llegar al 63,9% y al 75%, respectivamente.
El Gobierno justificó la privatización a partir de los recursos públicos destinados al funcionamiento de AySA y las dificultades operativas de la compañía. Según el Ministerio de Economía, entre 2006 y 2023 la empresa recibió más de USD 13.400 millones en transferencias del Tesoro. Además, el Ejecutivo informó que el agua no contabilizada alcanzaba el 42%, la morosidad había aumentado del 4% al 16% y los costos operativos registraron una suba del 80%.
Con esta adjudicación, el Ejecutivo avanza en su programa de privatizaciones y traslada la administración de AySA a un operador privado, bajo un contrato que fija obligaciones de inversión y expansión de los servicios. El cumplimiento de esas metas será central para evaluar los resultados del nuevo esquema de gestión.