Los daños durante la marcha frente al Congreso costarían $90 millones y el Gobierno prepara una denuncia penal

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estimó en $90 millones los daños materiales registrados durante los incidentes ocurridos el jueves en las inmediaciones del Congreso Nacional. La cifra corresponde a un relevamiento preliminar de los destrozos en la Plaza de los Congresos y sus alrededores, donde se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Las autoridades porteñas anticiparon que buscarán identificar a los responsables para reclamarles el costo de las reparaciones.

La evaluación inicial contempla daños en veredas, mobiliario urbano, canteros y espacios verdes, cuya recuperación deberá financiarse inicialmente con recursos del presupuesto de la Ciudad. El monto podría modificarse una vez que finalicen las inspecciones técnicas y se determine el alcance total de las intervenciones necesarias. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, cuestionó los hechos de violencia y aseguró que impulsará medidas para que quienes hayan provocado los destrozos respondan por sus acciones.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación trabaja en una denuncia penal por los incidentes registrados durante la protesta. Según informó iProfesional, la presentación incluiría posibles delitos de resistencia y atentado a la autoridad, daño agravado y atentado al orden constitucional. El equipo jurídico de la cartera recopila fotografías y grabaciones para identificar a los participantes y determinar eventuales responsabilidades individuales.

Los enfrentamientos se extendieron durante más de dos horas y dejaron al menos 25 personas detenidas y ocho integrantes de las fuerzas federales lesionados, de acuerdo con el balance difundido. Entre los heridos se contabilizaron cuatro efectivos de Gendarmería Nacional, dos de Prefectura Naval y dos de la Policía Federal. Además, la Policía de la Ciudad intervino ante un adolescente de 14 años acusado de arrojar piedras contra un patrullero en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre. La Fiscalía de Flagrancia Este dispuso la intervención del organismo de protección de derechos de niños y adolescentes.

La movilización coincidió con la sesión convocada por sectores de la oposición para debatir el rechazo al DNU 70/2023, que finalmente no pudo realizarse por falta de quórum. Tras los disturbios, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que el derecho a manifestarse no habilita hechos de violencia y anticipó consecuencias judiciales para los responsables. Por su parte, Jorge Macri afirmó que buscará que los daños ocasionados al espacio público sean afrontados por quienes resulten responsables.