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El Gobierno logró la sanción de la ley que fortalece la propiedad privada y acelera los desalojos

El Senado aprobó la iniciativa con 42 votos a favor y 26 en contra. La nueva legislación establece mayores garantías frente a las expropiaciones, simplifica los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles y moderniza los trámites registrales.

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El Senado aprobó la iniciativa con 42 votos a favor y 26 en contra. La nueva legislación establece mayores garantías frente a las expropiaciones, simplifica los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles y moderniza los trámites registrales.

El Gobierno de Javier Milei consiguió un nuevo avance legislativo este jueves 19 de noviembre con la sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa fue aprobada por el Senado con 42 votos afirmativos y 26 negativos, luego de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados el pasado 21 de octubre. La normativa busca fortalecer la seguridad jurídica de los propietarios mediante cambios en los procedimientos de expropiación, desalojo y registración de inmuebles.

En materia de expropiaciones, la legislación establece criterios más restrictivos para determinar la utilidad pública de un bien y exige que el Estado justifique de manera concreta la finalidad de cada intervención. La medida deberá ser “idónea, necesaria y proporcional”, mientras que la transferencia del dominio únicamente podrá concretarse una vez abonada la totalidad de la indemnización correspondiente. La compensación contemplará el valor de mercado del inmueble, cuando pueda determinarse, los daños directos y el lucro cesante debidamente acreditado. Este último tendrá un límite del 30% del daño emergente, salvo que se demuestre una afectación superior. Además, las indemnizaciones deberán actualizarse por inflación e incorporar intereses desde la mora.

Uno de los principales cambios de la reforma está vinculado con los procedimientos judiciales de desalojo, que pasarán a tramitarse mediante el juicio sumarísimo previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La normativa también amplía las posibilidades de solicitar la entrega anticipada de los inmuebles, siempre que se cumplan los requisitos legales y exista una evaluación judicial favorable. Estas modificaciones buscan reducir los tiempos necesarios para recuperar una propiedad. Sin embargo, los cambios procesales no tendrán aplicación automática en las provincias, que mantienen sus propias competencias en materia de procedimientos judiciales.

En los casos de alquileres habitacionales con deudas, continuará vigente la obligación de realizar una intimación previa de al menos diez días corridos antes de iniciar la demanda de desalojo. Asimismo, la legislación contempla la intervención de organismos de protección cuando se encuentren involucrados menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo. En esas circunstancias, deberán adoptarse medidas destinadas a garantizar una alternativa habitacional transitoria, sin que ello implique la paralización del procedimiento judicial.

La nueva ley también establece herramientas para avanzar en la regularización dominial de viviendas únicas y permanentes de quienes acrediten una posesión con causa lícita, pacífica, ostensible y continua durante los diez años anteriores a la solicitud, además de cumplir los restantes requisitos legales. En paralelo, incorpora mecanismos de modernización registral mediante la presentación de documentación con firma digital y establece un plazo máximo de 30 días para su calificación. Con la sanción de esta iniciativa, el Gobierno suma un nuevo avance en su agenda de reformas orientadas a fortalecer los derechos de propiedad y simplificar los procedimientos administrativos y judiciales.

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