El presidente Javier Milei encabezó este sábado en San Lorenzo el acto oficial de restitución del sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, en un evento desarrollado en el histórico Convento de San Carlos Borromeo. La ceremonia tuvo lugar en la ciudad donde se libró el Combate de San Lorenzo, uno de los hitos fundacionales del proceso independentista.

Durante su discurso, el mandatario destacó el valor político y simbólico de la gesta sanmartiniana, a la que definió como un punto de quiebre frente a un orden colonial que calificó de opresivo. En ese marco, sostuvo que la revolución independentista permitió a las Provincias Unidas ponerse de pie y sentó las bases de un proceso de desarrollo que transformó al país en pocas décadas.

Milei trazó además un paralelismo entre el proceso emancipador y los desafíos actuales de la Argentina, al señalar que el espíritu libertador debía seguir guiando las decisiones nacionales. En esa línea, afirmó que el sable representaba la voluntad de romper estructuras de sometimiento y recuperar un camino de libertad y progreso.

El Presidente también repasó el recorrido histórico del arma, utilizada por San Martín en las campañas libertadoras, y subrayó que no se trataba de una pieza de exhibición sino de uno de los símbolos materiales más potentes de la historia argentina. Según expresó, el sable recordaba que la libertad implicaba sacrificios, pero también la posibilidad de alcanzar objetivos colectivos trascendentes.

El sable corvo fue retirado durante la mañana del sábado del Museo Histórico Nacional y trasladado a San Lorenzo para el acto central. Tras su paso por la ciudad santafesina, quedará en exposición permanente en el Regimiento de Granaderos, en la Ciudad de Buenos Aires, bajo custodia del Estado nacional.

Previo al discurso presidencial, se desarrolló una recreación histórica del Combate de San Lorenzo, con tropas vestidas con uniformes de época y movimientos que reprodujeron las maniobras militares de 1813, como parte del homenaje al episodio fundacional de la historia nacional.

La creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, anunciada el 5 de febrero, generó un fuerte cruce entre el Gobierno nacional y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Mientras el Ejecutivo defendió la medida como una herramienta para combatir la desinformación, la entidad periodística advirtió sobre una supuesta “gravedad institucional”.

Desde el Gobierno explicaron que el nuevo organismo busca desmentir activamente fake news, señalar falsedades concretas y exponer operaciones mediáticas, en un contexto marcado por el fin de la pauta oficial y el retiro del financiamiento estatal a medios y comunicadores. Según el comunicado oficial, la iniciativa no implica censura, sino la incorporación de una voz institucional que aporte datos y contexto frente a información falsa.

En ese marco, el Ejecutivo remarcó que la Oficina no regula contenidos ni sanciona periodistas, y que su función es brindar información verificable para que la ciudadanía pueda distinguir hechos de relatos. “La libertad de expresión es un valor central de esta administración”, subrayaron desde Casa Rosada.

FOPEA, en cambio, cuestionó el rol activo del Estado en el debate público y rechazó que el Gobierno asuma la tarea de desmentir versiones periodísticas. En un comunicado, sostuvo que la Oficina podría funcionar como un “tribunal de la verdad”, y expresó su preocupación por el uso de cuentas oficiales en redes sociales para responder a contenidos mediáticos.

Desde el Ejecutivo respondieron que exponer información falsa no equivale a censurar, y que la democracia no se fortalece tolerando la mentira, sino permitiendo que los ciudadanos accedan a datos claros y contrastables. En ese sentido, reafirmaron que la Oficina busca transparentar el debate público y evitar que la desinformación quede sin respuesta.

Según detallaron las autoridades, el episodio fue protagonizado por sectores de ATE y APyT, que irrumpieron de manera violenta en áreas administrativas, interrumpieron el funcionamiento institucional y retuvieron al personal presente, en un hospital público de referencia nacional y regional en atención pediátrica.

Desde la conducción del Garrahan explicaron que el conflicto se originó tras la decisión del Consejo de Administración de aplicar descuentos salariales por ausencias injustificadas, en cumplimiento de la normativa vigente y de la política de presentismo. En ese marco, señalaron que la reacción gremial no respondió a un reclamo laboral legítimo, sino a una maniobra de carácter político.

Las autoridades advirtieron que este accionar puso en riesgo el normal funcionamiento del hospital y la atención de miles de niños, y remarcaron que no se tolerarán prácticas de presión, violencia o apriete sindical dentro de una institución sanitaria crítica. “El Garrahan no es un espacio de militancia ni un botín gremial”, afirmaron.

Finalmente, destacaron que, pese a los hechos, la gestión del hospital continúa con normalidad, con presupuesto garantizado, bonos vigentes para el personal y obras y equipamiento en marcha por más de 30 mil millones de pesos, financiados con recursos propios, en defensa del derecho de los pacientes a una atención de calidad.