El Gobierno de Javier Milei autorizó la instalación de sistemas para bloquear celulares en cárceles federales, a través de una resolución del Ministerio de Seguridad. La iniciativa apunta a reforzar el control en los establecimientos penitenciarios.

Según se informó, la medida responde al uso ilegal de teléfonos por parte de detenidos para organizar estafas telefónicas, amenazas y otros delitos desde el interior de las prisiones.

El plan contempla la implementación de tecnología capaz de detectar dispositivos activos y bloquearlos de manera selectiva, evitando interferencias en las zonas cercanas a los penales, una de las principales limitaciones de sistemas anteriores.

Desde la cartera de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, indicaron que el objetivo es mejorar la capacidad de control del Servicio Penitenciario Federal y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, que prohíbe el uso de celulares en prisión.

La resolución incluye la compra, instalación y mantenimiento de los equipos, así como la definición de protocolos técnicos para la detección y bloqueo de señales móviles.

Si bien la aplicación será progresiva, la iniciativa apunta a reducir uno de los principales canales que utilizan las organizaciones criminales para operar desde las cárceles y fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario.

El caso se originó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde una alumna difundió un video en el que relató que un docente habría cancelado la cursada para abordar temas políticos e invitar a los estudiantes a participar de una protesta.

Según el testimonio, durante la jornada se trataron cuestiones vinculadas a distintas leyes y se convocó a una movilización, lo que generó cuestionamientos por parte de la estudiante sobre el uso del espacio académico.

Tras la difusión del video en redes sociales, el funcionario nacional señaló que el Gobierno está al tanto de la situación y anticipó posibles acciones o medidas en el ámbito universitario, sin brindar mayores detalles.

El episodio reavivó el debate sobre el rol de los docentes y los límites entre la actividad académica y la participación política dentro de las universidades públicas.

Desde distintos sectores se plantearon posiciones en torno a la situación, en un contexto donde la discusión sobre el funcionamiento del sistema universitario continúa en agenda.

El Gobierno nacional trabaja en la implementación de un esquema de “golden visa”, un modelo migratorio orientado a captar inversores internacionales mediante condiciones más ágiles. La propuesta apunta a posicionar a la Argentina en la competencia global por capitales, ofreciendo beneficios a quienes realicen inversiones significativas en el país.

El programa contempla la posibilidad de acceder a residencia y eventualmente a la ciudadanía, en función del nivel de inversión. Según se indicó, la medida busca acelerar el ingreso de divisas y promover el desarrollo de áreas clave de la economía.

El tema tomó impulso tras un intercambio público entre el diputado Juan Ignacio Fernández y el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó que el proyecto está en análisis desde hace más de un año. En ese marco, el funcionario sostuvo que existe interés internacional en invertir en Argentina.

Uno de los puntos centrales es la eliminación de trabas administrativas que hoy dificultan la llegada de capitales, como las limitaciones para operar sin documentación local o abrir cuentas bancarias, aspectos señalados como obstáculos para inversores extranjeros.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia orientada a simplificar procesos, atraer inversión privada y generar actividad económica, en línea con el enfoque oficial de apertura y desregulación.

De concretarse, la iniciativa podría modificar el esquema migratorio vigente, priorizando perfiles que aporten capital desde el inicio y contribuyan al crecimiento económico y la generación de empleo.