Más seguridad: el Gobierno habilitó a los militares desplegados en la frontera norte a hacer detenciones de civiles

El Gobierno nacional dio órdenes reservadas para que el Ejército y la Armada se comiencen a movilizar a la zona de la frontera norte para reforzar la vigilancia. Esta medida, en el marco del “Operativo Roca”, se aplica en conjunto con la Gendarmería y permite detener a civiles de forma transitoria a aquellos que cometan delitos, pero solo en casos de flagrancia.

Según fuentes gubernamentales, el operativo contempla un despliegue flexible de las fuerzas, adaptándose a las particularidades de cada sector de la extensa frontera norte. Se estima que brigadas del Ejército movilizarán a más de 10.000 efectivos, de los cuales hasta 1.300 se mantendrán de forma permanente en las áreas de intervención designadas.

Para llevar a cabo las tareas de control y vigilancia, las fuerzas desplegadas contarán con tecnología avanzada, incluyendo drones para reconocimiento aéreo, radares móviles para la detección de movimientos irregulares, helicópteros para traslados rápidos y patrullaje, sistemas de comunicaciones encriptados y un avión Diamond específicamente destinado a realizar relevamientos aéreos de la zona.

Además, el personal militar ha recibido capacitación especializada, incluyendo ejercicios prácticos basados en las «Reglas de Empeñamiento» que rigen su actuación en el territorio, y se les ha provisto de nuevo equipamiento de protección individual para garantizar su seguridad durante las operaciones.

Si bien el contenido específico de estas reglas se mantiene en reserva por razones estratégicas, su objetivo es establecer claramente los protocolos de comportamiento de los efectivos en el terreno.

El ministro de Defensa, Luis Petri, defendió enfáticamente la medida ante las críticas que surgieron desde diversos sectores. «Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar», declaró el ministro, endureciendo el tono del debate.

Además, Petri argumentó que «la ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras» y que «la posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y de la nación». En su opinión, las críticas responden a un «sesgo ideológico» que históricamente ha «cancelado y maniatado» a las fuerzas de seguridad.

Finalmente, el ministro Petri comparó la situación argentina con la de países vecinos y Estados Unidos: «Todos los países limítrofes con Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras, Estados Unidos lo acaba de anunciar en enero, ¿por qué acá algunos se escandalizan?».

Las Fuerzas Armadas actuarán en zonas rurales alejadas de los centros urbanos y de los pasos fronterizos oficiales, con el propósito de obtener información estratégica para la defensa nacional. Esta operación forma parte de un esfuerzo conjunto para reforzar la seguridad en las fronteras del norte y noreste del país, tanto en el ámbito terrestre como en el aeroespacial.

El despliegue se inscribe en lo previsto por la Ley de Defensa Nacional, que define a la protección nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”.

A ello se suman las previsiones de la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059 y el Decreto-Ley N.º 15.385/44, que habilitan la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, ante riesgos a la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos.