El Gobierno de Javier Milei confirmó que descontará la jornada laboral a los empleados de la Administración Pública Nacional que hayan adherido al paro de 24 horas convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La decisión fue comunicada antes de la medida de fuerza del jueves 15 de octubre y alcanzará a quienes se ausentaron de sus puestos de trabajo para participar de la protesta. Desde el Ejecutivo sostuvieron que el criterio responde a la política de no remunerar los días en los que no se prestaron servicios.

La advertencia fue transmitida por funcionarios de distintos ministerios y organismos nacionales, en el marco de una jornada de protesta que contempló una movilización hacia el Congreso desde las 13:30. La administración libertaria ratificó que las ausencias vinculadas con la huelga tendrán consecuencias salariales y encuadró la decisión en su política de control del cumplimiento de las obligaciones laborales dentro del Estado.

El paro convocado por ATE podía afectar la atención en organismos como ANSES y PAMI, además de otras dependencias nacionales. También se habían anticipado posibles interrupciones en áreas de migraciones, controles sanitarios y servicios administrativos. En los hospitales, la organización sindical contempló el mantenimiento de guardias mínimas, mientras que en los establecimientos de atención a niños, adolescentes y personas mayores se priorizaron los servicios de urgencia.

La movilización coincidió con una jornada de tensión en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Durante los incidentes hubo lanzamiento de piedras, intentos de derribar las vallas de protección y una intervención de Gendarmería Nacional con un camión hidrante. También se denunciaron daños en el espacio público y agresiones contra efectivos policiales.

Entre los episodios registrados durante la protesta se denunció una agresión contra un equipo periodístico de C5N, en la que un camarógrafo recibió golpes en el rostro y sufrió una lesión en el labio. La jornada coincidió, además, con el intento de sectores opositores de habilitar una sesión en la Cámara de Diputados para debatir el rechazo al DNU 70/2023. La convocatoria legislativa finalmente no consiguió el quórum necesario, mientras el Gobierno mantuvo su decisión de aplicar descuentos salariales a los estatales que participaron del paro.

El Gobierno de Javier Milei adjudicó el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por USD 340,2 millones a un consorcio encabezado por Rowing S.A. y Transclor. La propuesta superó los USD 285 millones ofrecidos por el Grupo Roggio y establece una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por una década. El grupo adjudicatario también incluye a los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, una firma brasileña y un fondo de inversión neerlandés.

El acuerdo establece una inversión mínima de USD 2.000 millones durante los primeros cinco años, mientras que las obligaciones de infraestructura para el período completo oscilan entre USD 13.000 millones y USD 15.000 millones. Los recursos estarán destinados a ampliar y modernizar redes de agua potable, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y cañerías. Las nuevas instalaciones permanecerán como propiedad del Estado al finalizar la concesión.

La empresa presta actualmente servicios a unos 14 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. Según el cronograma previsto, el nuevo operador asumirá la gestión entre enero y febrero de 2027. Entre las metas establecidas, la cobertura de agua potable deberá alcanzar el 75,3% en 2031 y el 90% al finalizar el contrato, mientras que el servicio de saneamiento deberá llegar al 63,9% y al 75%, respectivamente.

El Gobierno justificó la privatización a partir de los recursos públicos destinados al funcionamiento de AySA y las dificultades operativas de la compañía. Según el Ministerio de Economía, entre 2006 y 2023 la empresa recibió más de USD 13.400 millones en transferencias del Tesoro. Además, el Ejecutivo informó que el agua no contabilizada alcanzaba el 42%, la morosidad había aumentado del 4% al 16% y los costos operativos registraron una suba del 80%.

Con esta adjudicación, el Ejecutivo avanza en su programa de privatizaciones y traslada la administración de AySA a un operador privado, bajo un contrato que fija obligaciones de inversión y expansión de los servicios. El cumplimiento de esas metas será central para evaluar los resultados del nuevo esquema de gestión.

Una encuesta de DC Consultores ubicó a una eventual alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO al frente de la intención de voto en la provincia de Buenos Aires, con el 42,1% de las preferencias frente al 19,5% del peronismo. El kirchnerismo, presentado como una opción separada, obtuvo el 10,3%, mientras que los indecisos alcanzaron el 13,9%. La diferencia entre las dos primeras opciones fue de 22,6 puntos porcentuales.

El estudio se realizó entre el 27 y el 30 de septiembre de 2026 sobre 1.410 bonaerenses habilitados para votar, mediante un muestreo no probabilístico. La consultora informó un margen de error de ±2,5 puntos porcentuales, aunque esa metodología limita la posibilidad de generalizar los resultados al conjunto del electorado.

En otra pregunta, referida a qué fuerza creen los encuestados que gobernará la Provincia en 2027, La Libertad Avanza obtuvo el 34,2% y el peronismo referenciado en Axel Kicillof alcanzó el 26,9%. Más atrás se ubicaron el kirchnerismo, con el 11,6%, y el PRO, con el 11,5%. Esta medición refleja expectativas electorales y no intención directa de voto.

El relevamiento también mostró que el 61,8% de los participantes eligió una opción que proponía cambiar por completo la conducción y el rumbo provincial, frente a alternativas de continuidad parcial o total. La pregunta utilizó una metáfora que comparaba al Gobierno bonaerense con un automóvil conducido por Kicillof.

Por último, la inseguridad encabezó las preocupaciones con el 42,4% de las respuestas, seguida por la corrupción y la educación, ambas con el 7,6%. Además, los encuestados calificaron con un promedio de 2,2 puntos sobre 10 la gestión provincial en materia de seguridad. Los resultados constituyen una fotografía de las opiniones relevadas y no una predicción sobre las elecciones de 2027.