El Ministerio de Seguridad de la Nación puso en marcha la Carrera de Investigador de Delitos para Profesionales, un nuevo régimen de incorporación a la Policía Federal Argentina (PFA) orientado a atraer perfiles técnicos y universitarios en disciplinas estratégicas. La medida quedó formalizada mediante la resolución 1291/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La iniciativa, impulsada por la ministra Patricia Bullrich, forma parte del plan de reforma institucional establecido por el Decreto 383/2025, que busca modernizar y jerarquizar el funcionamiento de la fuerza. El objetivo es incorporar especialistas con formación en ingeniería, sistemas, criminalística, ciberseguridad, contabilidad y ciencias exactas, entre otras áreas clave para enfrentar el delito complejo.

Los aspirantes deberán contar con título universitario, nacionalidad argentina y menos de 40 años, además de aprobar evaluaciones técnicas y psicofísicas. Quienes ingresen cursarán una Diplomatura Universitaria en Investigación Criminal y serán incorporados “en comisión” como Subinspectores, con un curso intensivo de nueve meses previo a su nombramiento definitivo.

La creación de esta carrera forma parte del nuevo esquema organizativo de la PFA, que prioriza la investigación y la tecnología aplicada a la seguridad federal. En paralelo, se estableció un Programa de Jerarquización para Subalternos, destinado a reconocer la formación y experiencia del personal en áreas como narcotráfico, inteligencia e investigaciones federales.

Según Bullrich, esta medida “marca un salto de calidad en la profesionalización de la fuerza”, y reafirma el compromiso del Gobierno con una seguridad moderna, técnica y basada en la evidencia.

Los robos violentos en el Gran Buenos Aires aumentaron más de 500% entre 2015 y 2024, según un informe de la Fundación FININT, que advierte sobre un deterioro sostenido en la última década y un salto del 37% solo entre 2023 y 2024. La investigación señala que el 51% de los delitos del país y el 70% de los hechos de la provincia de Buenos Aires se concentran en el conurbano.

El estudio remarca que la gestión de Axel Kicillof no logró revertir la tendencia: el año 2024 registró 2.917 robos violentos, el pico más alto de la serie histórica. Para los analistas, la provincia “actúa después del delito” y carece de estrategias preventivas, inteligencia criminal y control territorial sostenido. Ese enfoque, agregan, responde a una visión ideológica que minimiza la responsabilidad penal y desalienta la persecución activa.

Los distritos más afectados son Quilmes, Esteban Echeverría, Merlo, Malvinas Argentinas y Lanús, donde las tasas de robos duplican la media nacional. En contraste, la Ciudad de Buenos Aires redujo sus índices a 7,6 cada 100.000 habitantes, el nivel más bajo de los últimos diez años, evidenciando la brecha entre ambos modelos de gestión.

Para Juan Félix Marteau, presidente de FININT, “el delito se desplazó hacia formas más cotidianas de violencia que afectan directamente al ciudadano común”. Además, advirtió sobre un subregistro creciente de denuncias por falta de confianza en la respuesta estatal.

Tras seis años de administración provincial, el balance muestra un retroceso estructural: la violencia urbana se expandió, la prevención se debilitó y el conurbano bonaerense se convirtió en el principal foco de inseguridad del país.

La ministra de Seguridad Nacional y senadora electa, Patricia Bullrich, defendió el nuevo Código Penal impulsado por el Gobierno y aseguró que la reforma busca “terminar con la impunidad” y endurecer las penas para los delitos más graves.

“¿Te robás un celular? Doce años preso. El que las hace, las paga”, remarcó Bullrich durante una entrevista con Esteban Trebucq en La Nación +, en la que insistió en que la ciudadanía “demanda justicia real y no excusas legales”.

Bullrich explicó que el sistema actual “permite que el 87% de los delitos sean excarcelables”, lo que, según ella, fomenta la sensación de impunidad.
“El nuevo código establece prisión efectiva para los delitos violentos y contra la propiedad. Quedó un texto fuerte, que aborda incluso temas que nunca se contemplaban, como el crimen organizado”, señaló.

La iniciativa —que será enviada al Congreso en las próximas semanas— incorpora reformas dispersas y nuevas figuras como la ley antimafia, ya vigente, además de herramientas para enfrentar la criminalidad moderna.

Uno de los puntos centrales será la imprescriptibilidad de los delitos graves, como abusos sexuales infantiles, homicidios y secuestros.

“Si te abusaron de niño y lo denunciás treinta años después, ese delito igual se juzga”, explicó la funcionaria.

El proyecto también eleva el piso del homicidio simple a 30 años de prisión y fija penas más duras para casos agravados.

Además, introduce una reforma penitenciaria: solo cobrarán salario los presos que trabajen, mientras que las tareas básicas de limpieza “no se pagan porque son obligaciones”. Las cárceles federales se reservarán para delincuentes de alta peligrosidad, especialmente narcotraficantes.

Bullrich advirtió que el kirchnerismo se opondrá al aumento de penas y a la baja de la edad de imputabilidad, pero aseguró contar con el respaldo popular.

“Tenemos gobernabilidad popular. La gente quiere que el cambio avance y que no nos frenen en el Congreso”, afirmó.

La ministra concluyó con una frase que sintetiza su postura:

“Queremos cambiar la vida de la gente asegurando justicia real. Que robar, matar o violar tenga consecuencias concretas.”