El Senado de la Nación dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares en una sesión clave para la agenda económica del Gobierno. El proyecto obtuvo 41 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, y quedó ahora a consideración de la Cámara de Diputados.

La iniciativa generó divisiones en distintos bloques, aunque La Libertad Avanza votó en forma unificada a favor. También acompañaron legisladores de espacios provinciales y algunos senadores peronistas, entre ellos Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el artículo que habilita a las provincias a designar la autoridad de aplicación para identificar glaciares y ambiente periglacial en sus territorios, excepto en áreas alcanzadas por la ley de Parques Nacionales. Esa autoridad deberá determinar, con criterios técnico-científicos, qué formaciones cumplen funciones hídricas estratégicas.

Desde el oficialismo sostuvieron que la modificación no reduce la protección ambiental, sino que busca precisar la normativa y reforzar el federalismo, devolviendo a las provincias el dominio sobre sus recursos naturales conforme a la Constitución. Argumentaron además que la ley vigente generó judicialización e incertidumbre que frenó inversiones, especialmente en provincias cordilleranas.

El miembro informante del proyecto, Agustín Coto, afirmó que la reforma mantiene la protección de las reservas hídricas y permite actualizar el inventario del IANIGLA. En la misma línea, el senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero señaló que la Nación debe fijar presupuestos mínimos sin invadir competencias provinciales y rechazó la dicotomía entre ambiente y desarrollo productivo.

Durante el debate, la exsecretaria de Energía Flavia Royón sostuvo que la iniciativa no implica flexibilización ambiental y que la protección del agua debe basarse en estudios de campo realizados en territorio. Legisladores de provincias mineras coincidieron en la necesidad de una ley “más precisa y federal” para evitar la paralización de proyectos.

Con la media sanción del Senado, la reforma de la Ley de Glaciares avanzó un paso clave en el Congreso y abrió una nueva etapa del debate en Diputados sobre el equilibrio entre protección ambiental, desarrollo productivo y federalismo de recursos.

La Libertad Avanza impulsó un reordenamiento en la estructura de autoridades del Senado de la Nación y desplazó al bloque de Unión por la Patria de los principales cargos institucionales de la Cámara alta. La decisión se adoptó en la sesión preparatoria, donde se definió un nuevo criterio de distribución de puestos entre los bloques parlamentarios.

El esquema aprobado estableció que la presidencia provisional continuará en manos del senador Bartolomé Abdala, mientras que la vicepresidencia primera será ocupada por Carolina Losada y la vicepresidencia segunda por Alejandra Vigo. En tanto, la vicepresidencia del Senado, que tradicionalmente correspondía a la primera minoría, quedó en manos de la senadora Carolina Moisés, quien recientemente se apartó del bloque kirchnerista y conformó el espacio Convicción Federal.

La votación del nuevo reparto de autoridades obtuvo 45 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, con el acompañamiento de bloques provinciales, la UCR y el PRO. De esta manera, Unión por la Patria, que conserva 25 bancas y sigue siendo la primera minoría, quedó sin representación en la conducción formal del cuerpo.

Desde el bloque peronista cuestionaron la interpretación del reglamento y la decisión política adoptada por la mayoría parlamentaria. Sin embargo, el oficialismo consolidó los acuerdos necesarios para aprobar el nuevo esquema y avanzar con la reorganización institucional del Senado.

Con esta definición, la Cámara alta inició un nuevo período legislativo con cambios en su estructura de autoridades y una redistribución del poder interno entre los bloques parlamentarios.

El Gobierno nacional pidió formalmente a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que investigue un presunto caso de adoctrinamiento político en el ámbito escolar ocurrido durante un acto en la escuela St. John’s School de Pilar. La solicitud fue enviada por el Ministerio de Capital Humano, tras la difusión de un video que deberá ser verificado por la jurisdicción provincial.

Según la comunicación oficial, en la grabación una inspectora de la Región 11 habría realizado ante alumnos de nivel primario consideraciones ideológicas vinculadas con la política migratoria de Estados Unidos, lo que, de confirmarse, podría constituir adoctrinamiento partidario. La cartera nacional advirtió que este tipo de conductas afecta la integridad psicológica y el libre desarrollo del pensamiento de los estudiantes.

En el pedido de informes, el Gobierno recordó que la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos garantizan el derecho de enseñar y aprender en un marco de pluralismo y libertad de expresión. También citó normas como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y la Ley de Educación Nacional, que obligan a respetar la libertad de conciencia y proteger a los alumnos de cualquier forma de agresión psicológica o imposición ideológica.

El Ministerio solicitó a la Provincia que informe si se inició una investigación administrativa, qué medidas se adoptarán en caso de confirmarse los hechos y qué protocolos existen para prevenir el adoctrinamiento en las escuelas. Además, requirió datos sobre antecedentes o denuncias similares y las herramientas disponibles para garantizar el pluralismo en el sistema educativo bonaerense.

Desde el Ejecutivo nacional señalaron que la educación debe desarrollarse en un ámbito de neutralidad política y respeto por la diversidad de pensamiento, y remarcaron la necesidad de preservar el derecho de los estudiantes a formar sus propias opiniones sin interferencias partidarias.