La líder opositora María Corina Machado realizó su primera aparición pública en más de un año desde un balcón del Grand Hotel Oslo, donde saludó a decenas de venezolanos que se acercaron para verla. La dirigente permanecía oculta desde 2024, tras sufrir amenazas y procesos judiciales promovidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Funcionarios estadounidenses confirmaron que Machado salió del país en un operativo reservado que la trasladó hacia Curazao antes de viajar a Noruega.

La reaparición se produjo luego de la tradicional Marcha de Antorchas del 11 de diciembre, que este año estuvo atravesada por la crisis venezolana. Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega anunció que Machado brindará una conferencia de prensa en su primera actividad pública desde las elecciones presidenciales de 2024. Diplomáticos y organizaciones internacionales siguieron de cerca sus movimientos en las horas previas a su llegada.

La ausencia de Machado marcó la entrega del Nobel, donde su hija Ana Corina Sosa Machado recibió la medalla y transmitió un mensaje de la dirigente sobre su intención de regresar pronto a Venezuela. Durante la ceremonia, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, pidió públicamente que Maduro reconozca los resultados electorales y abandone el cargo, lo que generó una ovación en el auditorio.

El premio otorgado a Machado destaca su papel en la búsqueda de una transición democrática. Desde la reelección de Maduro en 2024, la dirigente enfrentó acusaciones de conspiración y terrorismo formuladas por la Fiscalía venezolana. Analistas como Benedicte Bull, de la Universidad de Oslo, señalaron que un eventual regreso a Caracas podría derivar en su detención, aunque advirtieron que el impacto internacional condiciona los movimientos del régimen.

Machado mantiene vínculos estrechos con el gobierno de Estados Unidos, país que incrementó su presencia militar en el Caribe mientras acusa al chavismo de sostener redes criminales. Su reaparición en Oslo refuerza la presión externa sobre el régimen y abre una nueva etapa en la disputa política venezolana.

La Argentina planteó ante la Corte Penal Internacional (CPI) la necesidad de adoptar medidas inmediatas en el proceso que investiga la situación venezolana. La intervención tuvo lugar en la apertura de la conferencia anual del tribunal, donde la delegación argentina instó a ejecutar las órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, señalados como responsables de violaciones graves a los derechos humanos.

El pedido se presentó en un contexto internacional marcado por tensiones entre Estados Unidos y el gobierno venezolano, luego de los recientes movimientos militares estadounidenses en el Caribe. En su exposición, el embajador argentino ante la CPI, Diego Emilio Sadofschi, sostuvo que desde el cierre del examen preliminar sobre Venezuela, en 2021, no hubo avances suficientes en materia de investigación y responsabilidad penal.

Sadofschi explicó que la Argentina se disoció del documento de consenso elaborado por la asamblea, al considerar que no refleja con precisión la dimensión de la crisis humanitaria venezolana. También solicitó que esa disociación quede registrada de manera formal en las actas del encuentro.

La posición argentina generó respuesta por parte del representante venezolano, Héctor Constant Rosales, quien acusó a Buenos Aires de introducir elementos políticos en el debate. La delegación argentina rechazó esa afirmación y remarcó que su intervención se enmarca en los mecanismos previstos para casos de presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

En paralelo, el gobierno argentino reiteró su preocupación por la situación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Caracas. Solicitó su liberación y garantías sobre su integridad física, en un marco institucional que, según indicó la delegación, requiere monitoreo internacional por parte de los organismos competentes.

La Justicia argentina confirmó las órdenes de captura internacional contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La medida, dictada por el Tribunal Federal porteño, se apoya en el principio de jurisdicción universal, que permite perseguir judicialmente delitos graves contra los derechos humanos sin importar el país en que se hayan cometido.

Los magistrados consideraron acreditadas las denuncias por torturas, asesinatos y persecución sistemática contra civiles venezolanos, impulsadas por los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe, quienes sostuvieron que los hechos son imprescriptibles y de persecución obligatoria según el derecho internacional.

La decisión ratifica las medidas dispuestas en 2024, cuando la Argentina pidió a Interpol la captura de los dirigentes chavistas con fines de extradición. También se suma a los requerimientos de la justicia de Estados Unidos, que los acusa de encabezar una organización criminal vinculada al narcotráfico y al terrorismo.

Desde la Cancillería argentina recordaron que el país ha exhortado en reiteradas ocasiones a la Corte Penal Internacional a avanzar en el proceso contra el régimen venezolano por violaciones a los derechos humanos.

Con esta resolución, la Argentina reafirma su compromiso con los principios del derecho internacional humanitario y se posiciona como uno de los países de la región que más activamente impulsa la responsabilidad penal internacional de los líderes del chavismo.