Economía
El Gobierno reglamentó el Régimen de Inocencia Fiscal para formalizar ahorros
La administración de Javier Milei puso en marcha el Régimen de Inocencia Fiscal y la Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, con cambios en umbrales, prescripción y sanciones para incentivar la bancarización de dólares.
La administración de Javier Milei puso en marcha el Régimen de Inocencia Fiscal y la Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, con cambios en umbrales, prescripción y sanciones para incentivar la bancarización de dólares.
Tras su aprobación en el Congreso, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el Régimen de Inocencia Fiscal, una iniciativa orientada a promover la formalización de ahorros y reducir la litigiosidad tributaria. La medida se complementó con la puesta en vigencia del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, diseñado para disminuir la burocracia y otorgar previsibilidad a los contribuyentes.
Desde el Ejecutivo señalaron que el esquema buscó dejar atrás un enfoque punitivo y recomponer la confianza entre el Estado y los contribuyentes, en línea con la orientación económica del Gobierno. El diagnóstico oficial sostuvo que la informalidad se profundizó por el cepo, la inflación persistente y la presión impositiva, y que un cambio de reglas resultaba clave para ampliar la base tributaria sin subir impuestos.
El ministro de Economía Luis Caputo fundamentó la medida con datos del Banco Central de la República Argentina, al indicar que los argentinos mantenían USD 170.000 millones fuera del sistema, frente a USD 67.000 millones en depósitos privados. Para el Gobierno, canalizar una porción de esos fondos permitiría mejorar la estabilidad macroeconómica y acelerar la recuperación.
La reglamentación introdujo cambios centrales: el umbral de evasión simple se elevó a $100 millones, el de evasión agravada a $1.000 millones, el plazo de prescripción se redujo de 5 a 3 años y la evasión dejó de priorizar el enfoque penal, con énfasis en la regularización voluntaria. Quienes adhieran al régimen simplificado quedarán fuera de investigaciones penales desde 2029, si cumplen las condiciones.
Podrán adherir contribuyentes con ingresos anuales de hasta $1.000 millones, patrimonio de hasta $10.000 millones y que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales. La verificación considerará el período de adhesión y los dos anteriores. Además, ARCA ofrecerá una declaración precargada con efecto liberatorio si se presenta y paga en término.
La normativa aclaró que las operaciones se considerarán válidas cuando los fondos ingresen al sistema financiero, mantuvo la posibilidad de operaciones inmobiliarias en efectivo según la legislación vigente y estableció beneficios para pymes, como la eliminación de intimaciones automáticas y una reducción del 50% de multas para regularizaciones dentro de 45 días. El régimen incorporó una presunción de veracidad y un nuevo período fiscal base, con el objetivo de reemplazar la lógica sancionatoria por un cumplimiento progresivo basado en la confianza.