La Justicia argentina confirmó las órdenes de captura internacional contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La medida, dictada por el Tribunal Federal porteño, se apoya en el principio de jurisdicción universal, que permite perseguir judicialmente delitos graves contra los derechos humanos sin importar el país en que se hayan cometido.

Los magistrados consideraron acreditadas las denuncias por torturas, asesinatos y persecución sistemática contra civiles venezolanos, impulsadas por los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe, quienes sostuvieron que los hechos son imprescriptibles y de persecución obligatoria según el derecho internacional.

La decisión ratifica las medidas dispuestas en 2024, cuando la Argentina pidió a Interpol la captura de los dirigentes chavistas con fines de extradición. También se suma a los requerimientos de la justicia de Estados Unidos, que los acusa de encabezar una organización criminal vinculada al narcotráfico y al terrorismo.

Desde la Cancillería argentina recordaron que el país ha exhortado en reiteradas ocasiones a la Corte Penal Internacional a avanzar en el proceso contra el régimen venezolano por violaciones a los derechos humanos.

Con esta resolución, la Argentina reafirma su compromiso con los principios del derecho internacional humanitario y se posiciona como uno de los países de la región que más activamente impulsa la responsabilidad penal internacional de los líderes del chavismo.

El gobierno de Nicolás Maduro lanzó una campaña para formar milicias civiles frente al despliegue de buques estadounidenses en el Caribe, pero la respuesta fue escasa y forzada. En los centros de reclutamiento se vieron filas reducidas, integradas principalmente por trabajadores estatales y contratados, muchos de los cuales denunciaron presiones laborales para inscribirse. “Esto es solo una formalidad para no perder el trabajo”, relató un empleado municipal.

Mientras el oficialismo mostraba en televisión maniobras militares y cifras de “millones de milicianos listos”, en la práctica los ejercicios fueron simbólicos: fusiles descargados, cursos breves y una atmósfera de obligación más que de compromiso. Analistas coinciden en que la convocatoria dejó en evidencia la erosión de la base social chavista y la falta de voluntad real de la población para sostener una defensa militar.

El fracaso del llamado, interpretado por la oposición como una señal de debilidad política, refuerza la dependencia de Maduro del aparato militar. Lo que pretendía ser un gesto de fortaleza terminó convertido en una postal de desconfianza: ni sus propios empleados están dispuestos a pelear por él.

El presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó que la FANB desplegará a sus efectivos en barrios y comunidades para entrenar a civiles en el manejo de armas de guerra. La medida busca reforzar la Milicia Bolivariana, un cuerpo que perdió capacidad de movilización y que el chavismo intenta reemplazar con vecinos y voluntarios bajo control militar. Según el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, los ejercicios se realizarán todos los sábados con participación conjunta de uniformados y civiles.

El anuncio se dio en paralelo a maniobras militares de tres días en la isla La Orchila, donde participaron más de 2.500 efectivos en operaciones aéreas, marítimas y terrestres. Caracas enmarcó la decisión como una respuesta preventiva frente a la presencia de buques, aviones y un submarino estadounidense desplegados en el Caribe.

Maduro volvió a acusar a Estados Unidos de buscar “robarse el petróleo, el gas y el oro de Venezuela”, mientras Washington lo mantiene bajo investigación por narcotráfico. La justicia norteamericana lo señala como líder del Cartel de los Soles y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

El recurso a armar civiles expone la debilidad política y social del régimen, que enfrenta una crisis humanitaria, elecciones cuestionadas y creciente aislamiento internacional. En lugar de respuestas económicas y sociales, el chavismo apuesta a la militarización de los barrios, con el riesgo de exponer a la población a un conflicto cada vez más incierto.